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martes, 2 de abril de 2013

«Gasté 5.400 euros en una ortodoncia y ahora tengo que volver a pagar a otro dentista»

El caso de Rocío Corona aumenta la lista de afectados por el cierre de la clínica dental de Calderón de la Barca.

Han pasado tres semanas desde que el cierre de la clínica dental de Calderón de la Barca saliese a la luz y el goteo de pacientes afectados, que pagaron tratamientos que han quedado a medias, no cesa. Mientras la Policía Nacional sigue buscando al gerente, que desapareció sin dar cuentas ni a empleados ni a clientes, la lista de denunciantes aumenta. La última, Rocío Corona, de 34 años, que pagó 5.400 euros por una ortodoncia y ahora ha tenido que acudir a otro dentista «que me tiene que iniciar otro tratamiento y me cobrará, mínimo, 3.000 euros que no tengo».



Es que su denuncia es doble, ya que dice que también ha sufrido mala praxis. «En mala hora me metí en esto», lamentó, porque en un principio en la clínica Saluduno le dieron un plazo de 18 meses para arreglar su dentadura y, al final, se convirtieron en siete años. «Tenía que colocar dos implantes y deciden echarme los dientes hacia delante con una ortodoncia para hacer hueco. Como la raíz quedaba torcida, resuelven echarlos hacia atrás. Como cada vez venía un dentista diferente, las decisiones cambiaban. Y luego hacia delante otra vez, y más tarde para atrás...», explica, un «trajín» que le ha ocasionado pérdida de hueso en la mandíbula y en breve se le caerá un diente. Sumado a los dos implantes que le quedaron sin poner, su perjuicio, además de los siete años perdidos, asciende a «5.400 euros por un tratamiento inconcluso, la pieza que perderé y los dos implantes que no llegaron a ponerme».

Rocío nunca trató directamente con el último gerente de esta clínica, F. M. C. (el que se marchó), y admite que se enteró de todo «por la prensa». Ella tenía una cita en Saluduno el 5 de febrero, y, como les pasó a los demás pacientes, la llamaron un día antes para que no acudiera «porque tenían un problema con los ordenadores».

El 4 de febrero fue cuando se ejecutó un embargo que acabó con la retirada de los equipos y muebles de la clínica, cuando los empleados se enteraron de las deudas que acumulaba su jefe. A Rocío la llamada le sonó «rara, la chica estaba nerviosa... pensé, me la están colando; luego colocan el cartel en la puerta, que si están de reformas...». Su siguiente paso fue buscarse otro ortodoncista y denunciar los hechos en la Comisaría de La Albericia. Ahora, ha contactado con otros afectados para sumarse a la plataforma que van a crear con la idea de compartir abogado y procurador en la ardua batalla judicial para reclamar su dinero que auguran que les espera.

Fuente: El Diario Montanés

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